La protección de la salud de las personas es un derecho fundamental reconocido en el artículo 43 de la Constitución Española, donde también se alude a la responsabilidad que los poderes públicos tienen en “organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”. La salud, entendida como un estado de bienestar físico, psíquico y social, según la conocida definición de la Organización Mundial de la Salud, en su dimensión tanto individual como colectiva, está determinada por factores tanto de naturaleza biológica como ambiental y social. Los lugares y condiciones en los que se desempeña el trabajo son determinantes principales de la salud y el bienestar de las personas, y por tanto requieren de las adecuadas acciones de evaluación y control que garanticen la protección de la salud de los trabajadores.